El «Súper RIGI» avanza en el Congreso: las claves del régimen para atraer inversiones de más de US$ 1.000 millones
La Cámara de Diputados aprobó un nuevo esquema de promoción destinado exclusivamente a inversiones superiores a u$s1.000 millones en sectores como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología, hidrógeno, energía nuclear avanzada y centros de datos. La iniciativa amplía los beneficios del RIGI tradicional y ahora deberá ser tratada por el Senado.
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La media sanción del denominado Súper RIGI abrió una nueva etapa en la estrategia oficial para atraer inversiones de gran escala. A diferencia del régimen aprobado dentro de la Ley Bases, orientado principalmente a energía y minería, la nueva iniciativa apunta a sectores vinculados con tecnologías emergentes y actividades de alto valor agregado.
La propuesta busca posicionar a la Argentina como destino para proyectos relacionados con inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores, biotecnología avanzada, fabricación de baterías de litio, vehículos eléctricos, hidrógeno de bajas emisiones y pequeños reactores nucleares, entre otros desarrollos que hoy tienen una presencia limitada o inexistente en el país.
Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es generar nuevas cadenas de valor y promover actividades que permitan industrializar recursos estratégicos. En ese sentido, el proyecto incorpora también iniciativas vinculadas al refinamiento de cobre y otras actividades destinadas a agregar valor dentro del territorio nacional antes de exportar.
La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados tras reunir 130 votos afirmativos, 106 negativos y siete abstenciones. Ahora deberá ser debatida en el Senado para completar su recorrido legislativo.
Beneficios para atraer proyectos de más de US$ 1.000 millones
Uno de los aspectos centrales del nuevo esquema es el umbral de ingreso. Las compañías interesadas deberán comprometer inversiones mínimas de US$ 1.000 millones y ejecutar al menos el 20% de ese monto durante los primeros dos años posteriores a su adhesión.
Además, cada iniciativa deberá desarrollarse mediante un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una sociedad creada exclusivamente para administrar la inversión aprobada. La intención es separar patrimonialmente cada emprendimiento y facilitar los mecanismos de control y seguimiento.
Entre los principales incentivos figura una alícuota reducida del 15% en el Impuesto a las Ganancias, junto con un esquema de amortización acelerada que permitirá deducir el 60% de la inversión durante el primer año y el 20% en cada uno de los dos años siguientes.
A eso se suman beneficios cambiarios y aduaneros. Las empresas podrán acceder progresivamente a una mayor disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones y quedarán exentas del pago de derechos de importación y exportación para bienes e insumos vinculados a los proyectos.
Exclusividad para nuevas actividades y estabilidad a largo plazo
A diferencia del régimen vigente, el Súper RIGI estará reservado exclusivamente para actividades nuevas. Los proyectos que ya hayan ingresado al RIGI tradicional no podrán migrar al nuevo esquema ni utilizarlo para ampliaciones o modernizaciones de instalaciones existentes.
La iniciativa establece criterios específicos para definir qué actividades podrán acceder a los beneficios, con el objetivo de evitar interpretaciones amplias que permitan incorporar proyectos ya desarrollados comercialmente en el país.
Otro de los pilares del programa es la estabilidad jurídica por 30 años. Durante ese período, las empresas mantendrán las condiciones tributarias, aduaneras, previsionales y cambiarias vigentes al momento de su incorporación al régimen.
Para el Gobierno, esa previsibilidad constituye uno de los principales elementos para competir por inversiones de largo plazo en sectores donde los períodos de recuperación suelen extenderse durante varios años.
Los cambios incorporados durante el debate legislativo
Durante el tratamiento en comisiones, el proyecto sumó modificaciones orientadas a ampliar consensos políticos y reforzar algunos aspectos vinculados al desarrollo local.
Entre los cambios más relevantes aparece la incorporación de una cláusula de «Compre Nacional», que obliga a destinar al menos el 20% de la inversión a proveedores argentinos. La medida busca que los proyectos generen un efecto derrame sobre empresas locales y cadenas productivas existentes.
También se estableció la obligación de presentar planes de desarrollo de proveedores nacionales y se creó un Registro Público de Proyectos que permitirá monitorear las inversiones aprobadas y dar seguimiento a su evolución.
Además, se endurecieron los requisitos ambientales. Los inversores deberán acreditar mediante informes técnicos que sus iniciativas no comprometerán recursos naturales, infraestructura estratégica ni las condiciones ambientales y sociales de las regiones donde se desarrollen los proyectos.
Con media sanción obtenida en Diputados, el debate ahora se trasladará al Senado. Allí se definirá si Argentina suma una nueva herramienta para competir por inversiones multimillonarias en industrias que, según la visión oficial, podrían convertirse en algunos de los motores económicos de las próximas décadas.
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