Inocencia fiscal: por qué el nuevo régimen puede formalizar ahorros, pero no garantiza una «lluvia de dólares»
El economista José Simonella analizó el nuevo régimen impulsado por el Gobierno nacional y sostuvo que representa un avance técnico para incorporar al sistema fondos de origen lícito. Sin embargo, advirtió que la desconfianza en el Estado y la incertidumbre política limitan su impacto.

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El Gobierno nacional busca incentivar la incorporación al sistema financiero de parte de los dólares que los argentinos mantienen fuera de los bancos mediante el nuevo régimen de «inocencia fiscal». La iniciativa apunta a simplificar la regularización de fondos de origen lícito que quedaron fuera del circuito formal, aunque su alcance dependerá de un factor que trasciende la cuestión tributaria: la confianza.
Para el economista José Simonella, la propuesta constituye «un avance técnico importante» desde el punto de vista fiscal, especialmente para personas humanas y sucesiones indivisas. No obstante, considera poco probable que la medida genere un ingreso masivo de divisas al sistema financiero.
«Es una buena herramienta desde lo tributario, pero el gran desafío no es técnico sino de credibilidad. La confianza no se construye con una ley, sino con años de estabilidad institucional», explicó.
Formalizar ahorros sin un nuevo blanqueo
Simonella diferencia claramente este esquema de los tradicionales blanqueos de capitales implementados en otros momentos de la historia argentina.
Mientras aquellos estuvieron orientados principalmente a grandes patrimonios y empresas, el régimen de inocencia fiscal busca resolver una situación mucho más cotidiana: la de pequeños ahorristas que conservan entre US$10.000 y US$15.000 fuera del sistema financiero.
En muchos casos, esos fondos provienen de ingresos completamente legales que ya tributaron impuestos, pero terminaron fuera del circuito formal como consecuencia de las restricciones cambiarias que durante años impidieron acceder al mercado oficial de divisas.
«En Argentina ocurrió un fenómeno muy particular: se terminó ‘negreando plata blanca’. Personas que habían ganado su dinero legalmente tuvieron que recurrir al mercado informal para comprar dólares y esos ahorros quedaron automáticamente fuera del radar fiscal», señaló.

Desde esa perspectiva, el nuevo régimen pretende facilitar la normalización de esos recursos sin los costos y complejidades que caracterizaron otros procesos de exteriorización de capitales.
El rol clave de las provincias
Uno de los aspectos que Simonella considera centrales es la adhesión de las provincias.
Si los gobiernos provinciales no acompañan el esquema, quienes regularicen fondos podrían quedar expuestos a futuros reclamos vinculados al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
A ello se suma que las normas de prevención del lavado de dinero no sufrirán modificaciones. Los bancos continuarán obligados a verificar que los depósitos sean consistentes con el perfil económico y patrimonial de cada cliente.
En consecuencia, el régimen no elimina los controles, sino que simplifica el tratamiento tributario de fondos cuya procedencia pueda justificarse.
Los dólares «bajo el colchón» ya forman parte de la economía
Uno de los conceptos que Simonella busca desmitificar es la idea de que los dólares guardados fuera del sistema permanecen inmovilizados.
Según explicó, buena parte de esos recursos circula diariamente en la economía mediante operaciones inmobiliarias, compra de vehículos, refacciones de viviendas o transacciones privadas.
El verdadero problema no es la falta de movimiento de ese dinero, sino que permanece fuera del sistema financiero formal.
En ese sentido, el ministro de Economía ha sostenido que conservar dólares físicos representa un mal negocio debido a la inflación internacional de la moneda estadounidense. Sin embargo, Simonella considera que esa mirada no contempla la lógica del pequeño ahorrista argentino.

«Guardar dólares bajo el colchón es tan mal negocio como pagar un seguro contra incendio para una casa y que nunca se incendie. No compraste rentabilidad; compraste tranquilidad», graficó.
Una mirada positiva sobre el potencial de la medida
Más allá de las dudas que genera la confianza en el sistema, algunos especialistas consideran que el nuevo régimen podría tener un impacto económico relevante si finalmente se implementan las modificaciones anticipadas por el Gobierno.
En ese sentido, Aníbal Casas, fundador de SyC, sostuvo que, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, la iniciativa representa una oportunidad para dinamizar el mercado financiero y aumentar la liquidez en dólares.
«Deben opinar los tributaristas pero, en función de la información que trascendió en la prensa, si se incorporan las modificaciones previstas sería una gran noticia que podría generar muchísimo más éxito que el conseguido hasta ahora. Además, permitiría generar más liquidez, especialmente en dólares», afirmó.
Según Casas, un mayor ingreso de divisas al sistema podría traducirse en efectos positivos tanto sobre los depósitos bancarios y las reservas como sobre el nivel de actividad económica.
«Eso podría impactar positivamente tanto en depósitos y reservas como en la actividad, al poner ese dinero a trabajar y generar incluso más demanda de activos financieros locales, como sucedió durante 2024 con las cuentas CERA y CCERA», explicó.
El especialista remarcó que, si bien «no es técnicamente un blanqueo», el objetivo del régimen es captar parte de los dólares que hoy permanecen fuera del sistema financiero y transformarlos en una fuente de financiamiento para la economía.
«Busca captar los dólares ‘del colchón’ y generar esos impactos positivos en la economía», concluyó.

La confianza, el principal obstáculo
Para Simonella, la mayor barrera del régimen no reside en su diseño fiscal sino en la memoria colectiva de los argentinos respecto del sistema financiero.
El recuerdo del corralito, la pesificación forzada y otros episodios donde el Estado modificó reglas previamente garantizadas sigue condicionando las decisiones de ahorro.
«Hubo leyes de intangibilidad de los depósitos que pocos meses después fueron desconocidas por el propio Estado. Esa experiencia pesa mucho más que cualquier beneficio impositivo actual», afirmó.
El economista considera que, desde una perspectiva estadística, hoy es más probable sufrir un robo domiciliario que una confiscación bancaria. Sin embargo, reconoce que el riesgo percibido continúa siendo el principal determinante del comportamiento de los ahorristas.
La incertidumbre de 2027
Otro elemento que limita el alcance de la iniciativa es el horizonte político.
Simonella sostiene que muchos potenciales adherentes observan con cautela el escenario electoral de 2027 y se preguntan si un eventual cambio de gobierno mantendrá las actuales reglas de juego.
La ausencia de consensos entre las principales fuerzas políticas genera incertidumbre sobre la continuidad de los incentivos fiscales y el tratamiento futuro de los fondos regularizados.
«Mientras no existan acuerdos básicos que trasciendan los cambios de gobierno, será difícil que los argentinos proyecten decisiones financieras de largo plazo», advirtió.
Un avance técnico con desafíos políticos
Desde el punto de vista tributario, Simonella considera que el régimen representa un paso positivo porque simplifica la relación entre el contribuyente y la administración fiscal y facilita la incorporación de pequeños ahorros al circuito formal.
Sin embargo, entiende que ese avance difícilmente alcance para movilizar una parte significativa de los aproximadamente US$170.000 millones que distintos estudios estiman que los argentinos conservan fuera del sistema financiero.
El éxito de la medida, concluye, dependerá menos de los incentivos fiscales que de la capacidad del Estado de generar previsibilidad institucional y construir confianza sostenida en el tiempo.
«Las ventajas tributarias existen y son claras. Lo que todavía falta es convencer a los argentinos de que las reglas no volverán a cambiar dentro de algunos años», resume el economista.
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