Nación y provincias firman el 13 de junio el Acuerdo Federal Minero

Las provincias mineras llegaron a un acuerdo para firmar el Acuerdo Minero durante una reunión que mantuvieron el ministro de Energía, Juan José Aranguren, con los gobernadores de Salta, Juan Manuel Urtubey; de San Juan, Sergio Uñac; de Catamarca, Lucía Corpacci; y de Río Negro, Alberto Weretilneck.

La reunión se llevó a cabo en la sede de la cartera energética luego que el Gobierno nacional decidiera postergar la firma del acuerdo.

La suspensión de la firma se conoció el viernes pasado casi a la par con el anuncio del gobernador de Salta de que su provincia no iba a adherir al acuerdo en los términos acordados por la mesa técnica del Consejo Federal de Minería, que viene trabajando el tema desde mediados de 2016.

De acuerdo a fuentes que participaron del encuentro, el punto central que arrojó el diálogo entre los mandatarios provinciales y Aranguren fue la decisión de eliminar la posibilidad de introducir una nueva carga tributaria a la actividad, que contemplaba la creación de un fondo para desarrollo del 1% sobre el ingreso de las empresas mineras, que iba a ser administrado por la Nación.

Otro tema importante que surgió de la reunión es que se ratificó el 3% de regalías que figuraba en el texto del Acuerdo como tope a alcanzar por cada jurisdicción, dejando abierta la posibilidad de que ciertas provincias decidan un porcentaje menor o incluso su no aplicación.

En ese sentido, se aclaró que cualquier nuevo importe o porcentaje o forma de cálculo que se quiera implementar, se aplicará para nuevos proyectos solamente y no para los existentes.

Finalmente, se ratificó que se mantendrá en el convenio la aplicación de una tasa de 1,5% para la conformación de un fondo provincial para infraestructura minera, aunque su aplicación o no quedará librada a la política que decida encarar cada provincia.

Sobre este punto el gobernador Urtubey ya había adelantado la semana pasada sus diferencias en el tema y hoy volvió a refrendar la cuestión en la reunión con Aranguren y otros mandatarios.

El gobernador salteño había manifestado el viernes que estaba de acuerdo en varios puntos del pacto, como la idea de armonizar el desarrollo equilibrado y sustentable de la actividad minera en el país, el otorgamiento de beneficios sociales en las provincias generando así confianza de los ciudadanos de cada región, como también en el impulso al empleo de mano de obra local y capacitada y el desarrollo de proveedores locales.

No obstante, opinó que «se ponen en riesgo cuestiones vinculadas a la seguridad jurídica y eso desalentaría las inversiones» y agregó que «también abre la puerta a un fuerte crecimiento de la presión tributaria, por lo que se debería estudiar un poco más en detalle el acuerdo», lo que contribuyó a la decisión de postergar el acuerdo.

De esta manera, la nueva fecha prevista para le firma del documento se pasó al martes 13 próximo para lo cual se trabajaba en armonizar las agendas del presidente Macri -quien estará acompañado por el ministro Aranguren y el secretario de Minería, Daniel Meilán, y los gobernadores de todas las provincias.

La negociación que llevaron adelante el secretario de Minería, Daniel Meilán, y el presidente del Consejo Federal de Minería, Rodolfo Micone, permitirá abordar nuevas pautas de trabajo en temas de desarrollo comunitario, resguardo ambiental, ordenamiento legal, económico, financiero y tributario.

De acuerdo al borrador del documento se propugna «una actividad minera, ejercida de forma responsable y en atención a los principios del desarrollo sustentable, tiene el potencial de contribuir a un país más justo, igualitario y federal, permitiendo a sus habitantes el pleno desarrollo en el lugar en el que han nacido o elegido vivir», lo que requiere «una Política de Estado Minera para el Siglo XXI».

Esa orientación deberá contemplar «mayores beneficios para las comunidades» en las zonas mineras, la consolidación de un «sector industrial vigoroso» y «una fuerte cadena de valor» con «altos estándares de gestión y control ambiental».

A partir de estas bases el documento avanza en 5 grandes capítulos referidos a Aspectos Comunitarios y Sociales, Desarrollo Productivo, Gestión Ambiental, Cuestiones Institucionales y Normativas y el controvertido de Aspectos Económicos y Tributarios.