Política a Punto: ¿Quién se hace cargo de las andanzas de Guillermo Kraisman?

Por Eduardo Bocco. Se hace llamar “El Puma” para demostrar fiereza y poder ante los ciudadanos de a pie, sobre todo los más vulnerables, a los que le soluciona algunos problemas a cambio de movilizarlos cada vez que hay una elección. Y los presiona para que voten de determinada manera. Infunde temor.

¿Cuántos Guillermo Kraisman hay en la política de Córdoba? ¿Se multiplicaron en estas dos décadas y media del peronismo en el poder?

Hoy ocupaba un cargo en la secretaría de Deportes de la Municipalidad de Córdoba a cargo de Héctor Campana, quien hace unos años y cuando militaba en el juecismo, votó por separarlo del cargo, habida cuenta de las causas penales que registraba en su contra, algunas de las cuales irían a juicio.

Parece una travesura cometida por un niño rebelde: fue al super Mariano Max de la Avenida Vélez y con prepotencia habría tratado de hurtar un blíster con 100 gramos de bondiola, otro con jamón, una lata de atún, un frasco de dulce y otro con cerezas. Forcejeó con los pobres guardias y arrojó uno de los frascos a los que intentaban detenerlo. Lo rompió.

Ahora ofrece pagar lo que intentó llevarse gratis para tener seguramente un almuerzo de sábado bien frugal (el hecho ocurrió poco antes de las 13.30 horas).

Esta novela es patética, porque es protagonizada por un funcionario público que actuó como actuó porque se cree impune. Está perfecto lo que hizo el intendente Daniel Passerini, pero ahora nadie sabía los puntos que calza el tal Kraisman.

¿Por qué los sucesivos gobiernos de este siglo le siguen dando protección al autollamado Puma?

Militó en distintos sectores del peronismo y aliados: desde Germán Kammerath a Alejandra Vigo, pasando por Herman Olivero. ¿Qué utilidad brinda a los caciques el peronismo tener un personaje pesado, que se relaciona con la sociedad a través de la confrontación y la provocación?

Algunos peronistas críticos tienen su interpretación: son útiles los días de elección. Siempre arriman gente y a nosotros en Capital no nos sobran los votos. Atención que esto no es patrimonio exclusivo del peronismo ya que en la UCR en la última elección de intendente se sumó a personas vinculadas con el mundo de la droga para captar sufragios en esos sectores marginales.

Nadie le pone coto a este tema, todos miran para otro lado porque están más cerca de tener colaboradores de esa naturaleza que militantes impolutos, salvo honrosas excepciones.

Esos pesados creen que nunca serán detenidos y a veces ofrecen soluciones a los marginales. Por ejemplo, está denunciado que Kraisman sorteaba kits para protegerse del Covid en tiempos de pandemia. Esos kits los proveía el Estado. ¿Qué hacían en manos de este tipo?

Ahora, ofrecer pagar el fiambre, el atún y los dulces que habría intentado llevarse –las imágenes de las cámaras de seguridad son contundentes– indica una presunción de culpabilidad. Jóvenes policías lo detuvieron en un gesto que habla bien de ellos porque hay que pararse y no ceder ante un individuo de esta calaña, al que todos en el Gobierno conocen de memoria.

No alcanza con echarlos del cargo, no señor. No hay que dejarlos llegar y ahí está la gran responsabilidad de los gobiernos sobre todo los que ejercen el poder. No se le puede hacer lugar a los pesados por más votos que traigan en cada elección.

¿Quién lo defiende?
Y ahora hay otro tema espinoso: quién lo defiende al acusado. Uno de los codefensores es el abogado Diego Casado, concejal de la alianza que comanda el justicialismo de Córdoba. Es verdad que todo reo merece una defensa justa y que no hay que mirar de dónde viene. Es casi una obligación ética proporcionar el servicio a quien debe afrontar un proceso penal porque, ante todo, rige el principio de inocencia.

La pregunta: ¿Da tranquilidad a la sociedad que la defensa de un violento la realice un concejal de su propio partido? Es nada más que una pregunta que abriría un debate interesante. Quien esto escribe considera que deberían establecerse límites y hasta prohibiciones a los legisladores que representan a la sociedad cuando intenten defender por presuntos delitos a personas que vulnerarían los intereses de esa sociedad.