¿Quiénes volverían a pagar Ganancias si se aplica la propuesta del FMI?

La discusión sobre el impuesto a las Ganancias vuelve a instalarse en el centro de la agenda económica. Esta vez no por una decisión del Gobierno nacional, sino por una recomendación explícita del Fondo Monetario Internacional (FMI), que considera que la Argentina recauda demasiado poco por impuestos a los ingresos personales y que existe margen para ampliar la base de contribuyentes.

Según un informe elaborado por Focus Market, la recaudación por el impuesto a las ganancias de personas físicas representa apenas el 1,8% del Producto Bruto Interno (PBI), una cifra que se ubica por debajo del promedio latinoamericano y muy lejos de los niveles observados en los países desarrollados.

«La recomendación del FMI de que más argentinos paguen Ganancias puede mejorar la recaudación, pero genera dudas sobre la equidad del sistema. Con umbrales bajos y deducciones que han perdido valor real frente a la inflación, existe el riesgo de que más trabajadores queden alcanzados por el impuesto sin haber mejorado realmente su poder adquisitivo», advirtió Damián Di Pace, director de Focus Market.

El diagnóstico del FMI

La observación forma parte del Staff Report correspondiente a la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) firmado entre la Argentina y el FMI. Allí, el organismo sostiene que el sistema tributario local es «complejo, altamente distorsivo e inestable» y remarca que, pese a la existencia de más de 155 tributos vigentes, un reducido grupo de impuestos concentra la mayor parte de la recaudación.

En ese marco, la administración nacional asumió el compromiso de presentar antes de diciembre de 2026 una propuesta integral de reforma tributaria. El objetivo es simplificar el esquema impositivo y generar espacio fiscal para avanzar en la reducción de gravámenes considerados distorsivos para la actividad económica, como las retenciones a las exportaciones y el impuesto a los débitos y créditos bancarios.

Uno de los principales argumentos del FMI es que la estructura tributaria argentina depende en exceso de impuestos indirectos, especialmente del IVA, que suelen tener un impacto más regresivo porque afectan proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos.

De la masividad al mínimo histórico

El impuesto a las Ganancias aplicado a los trabajadores atravesó fuertes cambios durante los últimos años. En diciembre de 2020 alcanzó su máximo histórico, cuando más de 2,4 millones de empleados en relación de dependencia tributaban el gravamen.

Sin embargo, la reforma impulsada en 2023 por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, elevó significativamente el mínimo no imponible y redujo drásticamente la cantidad de contribuyentes. En pocos meses, el universo alcanzado cayó desde más de 700.000 personas a poco más de 120.000.

Con la llegada de la gestión de Javier Milei, parte de esos cambios fue revertida. Desde comienzos de 2024 la cantidad de trabajadores alcanzados volvió a crecer hasta superar el millón de contribuyentes en marzo de 2026.

Aun así, el nivel actual sigue siendo reducido. Hoy tributa apenas el 8,2% de los asalariados privados registrados, una proporción que el FMI considera insuficiente para los estándares internacionales.

La propuesta: llegar al 20% de los trabajadores formales

La meta sugerida por el organismo internacional es que el impuesto alcance al menos al 20% de los trabajadores registrados. Para lograrlo, sería necesario incorporar aproximadamente 1,5 millones de nuevos contribuyentes, elevando el padrón total desde los actuales 1,05 millones hasta unos 2,57 millones de personas.

De acuerdo con las estimaciones de Focus Market, el impacto fiscal de esa medida podría representar ingresos adicionales equivalentes al 0,4% del PBI, unos 2.672 millones de dólares a valores de 2026.

La principal herramienta para alcanzar ese objetivo sería una reducción del mínimo no imponible. Actualmente, un trabajador soltero comienza a tributar con ingresos cercanos a los $3 millones brutos mensuales. Según las simulaciones realizadas por la consultora, ese umbral debería descender hasta aproximadamente $2,2 millones brutos para ampliar la cobertura hasta el 20% de los asalariados formales.

Quiénes comenzarían a pagar

La distribución salarial explica buena parte del debate. La remuneración mediana del empleo privado registrado se ubicó en febrero de 2026 en $1,5 millones brutos mensuales, mientras que el promedio alcanzó los $2,1 millones.

Con un piso de ingreso de $3 millones, actualmente solo tributan los trabajadores ubicados en la franja más alta de la escala salarial. Reducir ese umbral implicaría incorporar principalmente a empleados con ingresos medios-altos y, especialmente, a quienes no cuentan con deducciones por cargas de familia.

Las simulaciones muestran que un trabajador que percibe una vez y media el salario promedio formal —unos $2,6 millones brutos mensuales— comenzaría a tributar si es soltero, aunque con una carga relativamente baja. En cambio, quienes tienen cónyuge e hijos seguirían beneficiándose de las deducciones y podrían permanecer fuera del impuesto.

Para ingresos cercanos a los $3,5 millones brutos mensuales, la carga tributaria adquiere una mayor relevancia, particularmente en los casos sin deducciones familiares.

El desafío político

Más allá de los números fiscales, la discusión presenta una dificultad política evidente. Cualquier modificación que implique ampliar la cantidad de contribuyentes alcanzados por Ganancias impactará directamente sobre sectores de trabajadores formales y de ingresos medios, un universo especialmente sensible en un contexto electoral.

Por eso, aunque el compromiso asumido con el FMI establece que la reforma tributaria deberá presentarse antes de fines de 2026, el debate promete convertirse en uno de los temas más complejos para el Gobierno durante los próximos meses.

La cuestión de fondo es cómo equilibrar la necesidad de mejorar la recaudación y reducir impuestos distorsivos sin deteriorar aún más el ingreso disponible de los asalariados. Una discusión que combina objetivos fiscales, competitividad económica y costos políticos, y que nadie parece dispuesto a asumir sin resistencia.