Proponen una ley para blindar a los compradores de inmuebles ante estafas y demoras

El diputado nacional por el PRO, Oscar Agost Carreño, presentó un proyecto de ley que busca poner fin a las recurrentes estafas y desprotección de los compradores de inmuebles en pozo en el país. Inspirado en legislaciones de países como España, México y Estados Unidos, el proyecto plantea la creación de un marco legal específico para regular las construcciones financiadas para consumidores finales. “Hoy no existe una norma clara que proteja al comprador. Lo que hay es un rejunte entre el Código Civil, la ley de defensa del consumidor y algo de jurisprudencia. Hace falta una ley concreta”, explicó.

Agost Carreño señaló que en Argentina la mayoría de los desarrollos se financian con fondos privados debido a la histórica ausencia de crédito hipotecario. En ese contexto, el fideicomiso ha sido una herramienta útil, pero también una vía para múltiples abusos. “Muchos empresarios usan el fideicomiso para comprar autos o financiar otras obras, pero cuando no entregan lo prometido, se lavan las manos con el patrimonio fideicomitido. Eso tiene que terminar”, afirmó.

El proyecto introduce reglas estrictas para el uso de los fondos recibidos: solo podrán destinarse a gastos directos e indirectos de la obra correspondiente. Además, se propone crear un Registro Nacional de Desarrolladores, con la obligación de publicar balances anuales y avances de obra trimestrales. “El objetivo es que cualquier persona pueda consultar la información y comparar entre distintas empresas antes de invertir”, explicó el legislador.

Otra de las medidas clave del proyecto es la imposición de sanciones ante demoras injustificadas. Si una empresa presenta retrasos significativos, se le podría impedir lanzar nuevos desarrollos hasta resolver los anteriores. También se prevé la creación de un fondo de garantía obligatorio, una suerte de seguro que permita a los compradores recuperar su dinero en caso de quiebra. “No puede ser que si una obra fracasa, el ahorrista tenga que hacer fila en el juzgado para ver qué migaja le queda”, enfatizó.

En cuanto al control, Agost Carreño propone que la autoridad de aplicación sea descentralizada: que cada provincia o jurisdicción defina su propio organismo, respetando las particularidades locales de construcción. Además, se contempla la posibilidad de aplicar multas administrativas progresivas y establecer una figura penal específica por estafa en desarrollos inmobiliarios, con penas de 2 a 8 años. “No es lo mismo el que se descajeta por la macroeconomía que el que deliberadamente estafa a la gente”, aclaró.

Finalmente, el diputado subrayó el carácter preventivo de la propuesta. “No queremos llegar al punto de quiebras escandalosas como la de Marquéz. Queremos que haya alertas tempranas, que si hay demoras, los compradores sepan dónde reclamar y que el desarrollador no pueda seguir vendiendo como si nada pasara. Hay que cuidar el sueño de la casa propia”, concluyó.