El universo apuntado es el de determinados contribuyentes que, según explican desde el Gobierno, «se vieron beneficiados por el contexto internacional». Al mismo tiempo, pertenecen al primer decil de las personas jurídicas alcanzadas por el tributo. Apuntan a unas 2.000 empresas, que representan menos del 1% del total de firmas que presentan declaraciones juradas del impuesto. Buscan recaudar unos $250.000 millones.
La medida abarca a empresas cuyo impuesto determinado sea superior a los $300 millones, que anticiparán el 25% de la alícuota, y también a los que sobrepasen los $100 millones, que adelantarán el 15%. Si bien esos son fondos que el Estado se perderá de recaudar el año que viene (es un anticipo y no un nuevo tributo), los $250.000 millones tendrán un impacto mucho más importante sobre la recaudación actual porque la inflación haría que se licúen en términos reales si entraran en 2023.
