El laberinto laboral en Argentina: empleo informal, baja productividad y presión fiscal
Cuatro de cada diez trabajadores en Argentina están fuera del sistema. La falta de acceso a salud, jubilación y estabilidad laboral los vuelve más vulnerables.

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Argentina sigue atrapada en un mercado laboral frágil, marcado por la informalidad y la falta de reformas estructurales. Así lo advierte un análisis reciente elaborado por Laura Caullo, economista de Fundación Mediterránea, que revela que el 42% de los trabajadores argentinos se desempeñan en condiciones de informalidad. La cifra, correspondiente al cuarto trimestre de 2024, muestra un leve aumento respecto al 41,4% del mismo período del año anterior y confirma una tendencia que se viene consolidando en los últimos años.
El fenómeno no es nuevo, pero su persistencia preocupa. “La informalidad laboral se ha vuelto estructural y afecta con mayor intensidad a los jóvenes y a los trabajadores por cuenta propia. En estos grupos, seis de cada diez empleados están fuera del sistema formal, sin acceso a derechos laborales ni cobertura de seguridad social”, detalla Caullo.
Crece el empleo, pero no el empleo formal
En los últimos diez años, el empleo total en Argentina creció un 20%, incorporando a unos 3,6 millones de personas al mundo del trabajo. Sin embargo, la expansión no se dio en los sectores más sólidos del mercado. Según el informe, el empleo asalariado privado registrado —el segmento con mayor estabilidad y protección— se mantuvo estancado en torno a los 6,2 millones de puestos.
En cambio, el crecimiento se explicó por un aumento del 40% en la cantidad de monotributistas y un 18% en el empleo público. Buena parte de los nuevos ocupados se insertaron directamente en la informalidad, lo que evidencia que el mercado laboral no ha logrado generar empleo de calidad ni a escala.
“Buena parte de las nuevas ocupaciones se sostienen en formatos precarios o directamente insostenibles. No se ha logrado revertir la debilidad estructural del sistema, es decir, su incapacidad de crear empleo formal privado de manera sostenida”, señala la economista.
Un sistema en tensión
Durante la actual gestión de gobierno, la cantidad de inscriptos en el monotributo social se redujo un 60% como consecuencia de la reconversión del programa Potenciar Trabajo. La eliminación de intermediarios y la modificación de los mecanismos de asignación de beneficios dejó a muchos beneficiarios fuera de los registros formales.

En paralelo, la informalidad sigue sin ceder. De los trabajadores informales, el 63% son asalariados no registrados y el resto, cuentapropistas. Esta situación limita el acceso a derechos básicos, como la salud y la jubilación, y al mismo tiempo debilita el financiamiento del sistema de seguridad social, comprometiendo su sostenibilidad futura.
Desigualdad territorial
La informalidad tampoco se distribuye de forma homogénea en el territorio. En algunas provincias afecta al 20% de los ocupados, mientras que en otras supera el 60%. Estas disparidades responden a las diferencias en las estructuras productivas y los niveles salariales entre regiones, y refuerzan la necesidad de evitar un enfoque único en las políticas de reforma laboral.
“Pensar en un mercado laboral más inclusivo y dinámico requiere políticas que contemplen esta diversidad. No se puede aplicar la misma receta para realidades tan distintas”, apunta Caullo.
Reforma estructural: el desafío pendiente
La informalidad no solo precariza las condiciones de vida de millones de personas, también impacta en la productividad, genera alta rotación laboral, baja los salarios y profundiza los desequilibrios fiscales de largo plazo.
Salir de este escenario no será posible con medidas coyunturales. Según la economista, es urgente avanzar en una reforma laboral integral que simplifique los regímenes de contratación, promueva la negociación colectiva a nivel sectorial o empresarial y reduzca la litigiosidad que hoy encarece el empleo formal. También sugiere revisar la estructura tributaria del trabajo, especialmente aliviando las cargas sociales que pesan sobre los salarios más bajos.
“Sin un consenso político amplio que permita avanzar en este sentido, Argentina seguirá atrapada en un mercado laboral fragmentado y desigual, donde el crecimiento del empleo no se traduce en mayor bienestar ni protección para los trabajadores”, concluye el informe.
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