El Senado dio media sanción a la reforma laboral y el Gobierno busca convertirla en ley antes de fin de mes

Con 42 votos a favor y 30 en contra, el Senado aprobó el proyecto de modernización laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, una de las iniciativas centrales del oficialismo para promover la creación de empleo formal. La norma será girada ahora a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo aspira a sancionarla antes del 27 de febrero.

La votación reflejó una sólida articulación política del oficialismo, que reunió el respaldo de La Libertad Avanza (LLA), la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales como Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico y La Neuquinidad.

En total, el proyecto fue apoyado por los 20 senadores de LLA, 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas y un legislador de cada uno de los restantes bloques provinciales. El resultado también evidenció el acompañamiento de varios gobernadores, entre ellos Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Martín Llaryora (Córdoba) y Hugo Passalacqua (Misiones).

En contraste, los 30 votos negativos provinieron del interbloque peronista —integrado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero— que reunió 28 votos, a los que se sumaron dos legisladores de Santa Cruz.

Los puntos centrales de la reforma

El proyecto introduce modificaciones sustanciales a la Ley de Contrato de Trabajo y contempla una batería de medidas orientadas —según el oficialismo— a reducir la litigiosidad y estimular el empleo formal. Entre los principales cambios se destacan:

• Incentivos fiscales para promover el ingreso al empleo registrado.

• Topes a las indemnizaciones por despido.

• Habilitación de convenios colectivos por empresa.

• Creación del “banco de horas”, que permitirá compensar horas extras con francos.

• Límites al derecho de huelga en servicios esenciales.

Uno de los puntos más debatidos fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar despidos y que se solventará con un aporte del 1% de las contribuciones de las grandes empresas derivadas a la Anses y del 2,5% en el caso de las pymes. La iniciativa generó reparos incluso entre aliados del oficialismo: la senadora cordobesa Alejandra Vigo (Provincias Unidas), que acompañó el proyecto en general, expresó su rechazo a la creación del fondo.

En la discusión en particular, el oficialismo rechazó las modificaciones impulsadas por el peronismo. En el capítulo XIV, vinculado a los aportes a gremios y cámaras empresarias, el senador del PRO Martín Goerling Lara propuso que esos aportes fueran voluntarios. Sin embargo, finalmente se mantuvo el sistema con un tope del 2% para los gremios y del 0,5% para las cámaras empresarias. En esa votación, el oficialismo reunió 40 votos, dos menos que en la aprobación general.

Otro eje de negociación fue el pago de salarios. Tras un pedido del PRO para incluir a las billeteras virtuales, el oficialismo resolvió autorizar exclusivamente a entidades bancarias para el pago de sueldos. Las fintech que aspiren a operar deberán adecuarse a las normas del Banco Central, según indicaron fuentes a la Agencia NA.

Además, se incorporó a último momento como anexo el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires, ya que no pudo tratarse como proyecto independiente por no estar incluido en el temario de sesiones extraordinarias.

En otro apartado, se definió que el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) mantendrá hasta 2028 su actual esquema de financiamiento —10% del valor de las entradas de cine, 10% de la venta o alquiler de videos físicos o digitales y 25% de la recaudación del ENACOM— y luego dependerá de partidas del Presupuesto Nacional.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 y luego de la Ley Bases sancionada en 2024, la reforma laboral se consolida como una de las apuestas legislativas más relevantes del Gobierno. El próximo desafío será conseguir en Diputados los votos necesarios para convertirla en ley y avanzar en una de las reformas estructurales que el oficialismo considera clave para su programa económico.