Escándalo de créditos: Giacomini denuncia “inmoralidad” y delitos por acceso a información privilegiada

En medio de la polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco de la Nación Argentina a funcionarios nacionales, el economista y consultor Diego Giacomini fue categórico: “Hay un gran problema moral” en el accionar de quienes integran el gobierno.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7), Giacomini —ex socio y hoy crítico del presidente Javier Milei— apuntó directamente contra lo que considera una contradicción de base dentro del oficialismo. Según explicó, muchos de los funcionarios que accedieron a estos créditos forman parte de un espacio político que históricamente se manifestó en contra de la banca pública y de los esquemas de financiamiento subsidiado.

“Si ellos estaban en contra de los bancos estatales y de los créditos con costo financiero subsidiado, no pueden salir corriendo a pedir ese crédito”, sostuvo, marcando el eje de su crítica tanto en el plano ético como en el legal.

Moral vs. legalidad

Giacomini insistió en diferenciar ambos planos. Por un lado, señaló que el cuestionamiento moral surge de la incoherencia entre el discurso político y la conducta de los funcionarios. Por otro, abrió la puerta a una discusión legal más delicada: el posible uso de información privilegiada.

“La ley concibe como delito utilizar información privilegiada en beneficio propio”, recordó el economista. Y en ese sentido, planteó un escenario preocupante: funcionarios con poder de decisión en materia monetaria que habrían accedido a créditos en condiciones favorables antes de implementar medidas que encarecieron el financiamiento.

Según detalló, decisiones como la modificación de instrumentos financieros o cambios en tasas de interés impactaron directamente en el costo del crédito. “Antes de tomar medidas que aumentaron el costo de crédito para todo hasta extinguirlo, ellos salieron corriendo a tomar el crédito mucho más barato”, afirmó.

El rol del Banco Central y la asimetría

El análisis de Giacomini también apuntó a la relación entre el sistema financiero y los funcionarios públicos. En particular, puso el foco en la posición de quienes ocupan cargos en el Banco Central y su vínculo con las entidades bancarias.

“El director de un banco sabe que el Banco Central lo regula. No mira igual la carpeta de crédito de un funcionario que la de un ciudadano común”, explicó. Para el economista, esta asimetría genera un trato diferencial que, aunque no siempre sea explícito, condiciona el funcionamiento del mercado.

En ese sentido, cuestionó la idea de que el otorgamiento de estos créditos se base únicamente en la capacidad de pago. “No tiene que ver con si pueden pagar o no. Eso es mezclar las cosas. Yo hablé de lo moral y de lo legal”, remarcó.

Funcionarios, beneficios y sospechas

Uno de los puntos más sensibles del caso es la magnitud del fenómeno. Según se desprende de la información que circula, una proporción significativa de los créditos de mayor monto habría sido otorgada a funcionarios o personas cercanas al oficialismo.

“De los 50 créditos más altos, más de 30 corresponden a funcionarios o legisladores cercanos al gobierno”, indicó Giacomini, subrayando la concentración de estos beneficios en un grupo reducido.

Además, ante la consulta sobre posibles tratos preferenciales —incluso en casos vinculados a apellidos de peso político—, el economista evitó personalizar pero reforzó su argumento estructural: el problema no es el individuo, sino el sistema de incentivos y relaciones de poder.

Un debate que trasciende lo económico

Más allá del caso puntual, Giacomini planteó que el episodio expone tensiones más profundas sobre la transparencia y la ética en la gestión pública. En un gobierno que hizo de la “batalla moral” uno de sus ejes discursivos, el tema adquiere una dimensión política relevante. “El gobierno se llena de la boca hablando de moral, pero esto muestra otra cosa”, sintetizó. La polémica por los créditos del Banco Nación se da en un contexto donde el acceso al financiamiento hipotecario sigue siendo limitado para la mayoría de la población, lo que amplifica el impacto del caso en la opinión pública.