Estiman que el nivel de evasión en Córdoba oscila el 40%

La Policía Fiscal es el órgano encargado de fiscalizar el pago de tres grandes tributos en Córdoba: Ingresos Brutos, Sellos y Convenios Multilaterales. La dirección que depende de la Secretaría de Ingresos Públicos cierra 2018 con un salto en los fondos recaudados: $815 millones hasta noviembre.

La cifra representa un poco más del objetivo planteado al inicio del año -$800 millones- y un incremento del 113% respecto del 2017. En una presentación a la prensa de la que participó PERFIL CORDOBA, el ente que dirige Adolfo Bringas explicó que tienen bajo la lupa un universo de 250 mil contribuyentes -no están contemplados los monotributistas- y estiman que hay un núcleo de 40% de cordobeses que, por distintos motivos, hoy no cumplen con los compromisos exigidos por esos tributos.

“Aproximadamente el 60% del padrón no tiene inconsistencias a la hora de pagar. Nuestro objetivo con las acciones es inducir a que la gente asuma una autocorrección y cumpla y que evite las sanciones”, destacó Bringas. Este año, por caso, avanzaron con 65 embargos y cinco denuncias penales entre las que se encuentran los casos de Grababus, Zárate y Molinos Minetti.

Buena parte del salto en la recaudación vía Policía Fiscal se explica por la consolidación del sistema de fiscalización en tres etapas: Simplificada, Agravada e Integral. En la primera, “se invita al contribuyente a rectificar y no tiene multas; la segunda está alimentada por los casos que no respondieron positivamente e incluye penalización económica; y en la Integral se avanza sobre una fiscalización global ante el incumplimiento reiterado”, destacaron desde Policía Fiscal.

Matrices. Para profundizar en la fiscalización, desde hace un mes comenzó a operar internamente una Matriz de Riesgo Fiscal y otra de Reincidencia, dos herramientas que buscan dotar de objetividad a la evaluación interna de los casos. La Matriz de Riesgo Fiscal, por caso, tiene en cuenta 22 variables para establecer el nivel de riesgo “medio y alto” del contribuyente. “Son insumos que generan un salto institucional y ayudan a eliminar la discrecionalidad de los procesos”, destacó Bringas.