Industriales van a la Justicia para defender la reforma laboral de Milei

La Unión Industrial Argentina (UIA) anunció que será «amicus curiae» (amigo del tribunal) por la suspensión de la modernización de la legislación laboral en las causas presentadas por la CGT y la CTA.

De esta manera, la central fabril salió a defender la reforma laboral contemplada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a través del cual el Gobierno busca desregular la economía.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo suspendió la aplicación del capítulo laboral de ese DNU a partir de amparos presentados por las centrales obreras.

«La UIA considera que la modernización de la legislación laboral propuesta se adapta a las nuevas realidades de empleo«, sostuvo la entidad empresaria, en un comunicado.

Además, subrayó que «las reformas planteadas sientan las bases para que las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles, una vez que se materialice la recuperación económica».

También recordó que el «Libro Blanco de la UIA» contiene propuestas concretas para mejorar las condiciones laborales, entre las que destacan la reducción de litigiosidad y cargas laborales, la creación de incentivos para el empleo formal, la promoción de negociaciones colectivas dinámicas y la actualización del régimen de multas para disminuir la judicialización de los conflictos laborales.

Para la entidad, este tipo de reformas «tienen particular impacto en las pequeñas y medianas industrias y propician la creación de empleo en blanco», atento a que «solo 6 millones de personas tienen empleo formal en la Argentina lo que representa casi un 50% de trabajadores no registrados».

Según la UIA, las iniciativas más destacadas del capítulo laboral del DNU son:

— La eliminación de multas por registro deficiente de la actividad laboral y la creación de incentivos para el empleo
formal, con la consecuente disminución de la judicialización de los conflictos laborales.

— La promoción de negociaciones colectivas dinámicas y los incentivos a la productividad.

— La actualización del régimen de multas para disminuir la judicialización de conflictos laborales.

— La modificación en el sistema de cálculo de capitalización de intereses en los fallos laborales.