Informalidad laboral: por qué la reforma no alcanza a las pymes

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) advirtió que el proyecto de reforma laboral ingresado al Congreso presenta una debilidad central: la falta de herramientas específicas para atender la realidad de las pequeñas y medianas empresas, donde se concentra la mayor parte del empleo informal del país.

Según el análisis de la entidad, si bien la iniciativa oficial apunta a promover la formalización laboral, “no resuelve los principales problemas que sufren las empresas donde se genera el 80% del empleo informal”, por lo que su impacto real podría ser limitado si no se introducen modificaciones durante el debate parlamentario.

El proyecto, que cuenta con casi 200 artículos, propone cambios en la Ley de Contrato de Trabajo y normas complementarias, nuevas reglas para la negociación colectiva y el funcionamiento sindical, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) —financiado con un 3% de la masa salarial—, un régimen de incentivo a la contratación con reducción transitoria de contribuciones patronales, un esquema de blanqueo laboral y ajustes tributarios.

Uno de los objetivos explícitos de la reforma es impulsar la formalización del empleo. De hecho, el Gobierno postergó el debate de la reforma previsional bajo la premisa de que una mayor registración de trabajadores permitirá mejorar la situación financiera del sistema jubilatorio. “Hay alta expectativa de que la reforma propuesta redundará en masiva formalización”, señala IDESA.

Sin embargo, el informe pone en duda que ese objetivo pueda cumplirse sin atender las particularidades del entramado productivo más chico. Datos del INDEC muestran que el 40% de los asalariados del sector privado trabaja de manera informal y que el fenómeno se concentra de manera abrumadora en las empresas más pequeñas: el 80% de los asalariados informales se desempeña en firmas con menos de 10 empleados; el 16%, en empresas de entre 10 y 100 trabajadores; y apenas el 4% en compañías de mayor tamaño.

“En las empresas más grandes la informalidad es marginal”, sostiene el documento, y agrega que “la inmensa mayoría de los asalariados informales trabajan en microempresas”. Para IDESA, esta evidencia revela una falencia clave del proyecto: no abordar los factores que explican por qué la informalidad es tan elevada en las pymes.

Entre esos factores, el instituto destaca dos cuestiones centrales. Por un lado, la aplicación obligatoria de convenios colectivos de actividad, “originalmente diseñados en función de las necesidades de las empresas más grandes y actualmente obsoletos por el paso de décadas sin actualizarse”. Por otro, el elevado peso de las cargas sociales.

En materia de negociación colectiva, IDESA propone que los convenios sectoriales no sean aplicables a las empresas con menos de 10 trabajadores. “Los pequeños emprendimientos deberían estar obligados a respetar solamente la legislación laboral básica —Ley de Contrato de Trabajo, jornada, salario mínimo— y nada más”, plantea el informe. Además, sugiere permitir que las empresas medianas puedan desengancharse del convenio de actividad y acordar convenios propios con sus empleados.

Respecto de las contribuciones patronales, la entidad considera que la herramienta más directa y de menor costo fiscal es establecer un mínimo no imponible sobre la masa salarial. En ese sentido, recuerda que el Consejo de Política Social propuso un mínimo no imponible mensual de $5.000.000, con un costo estimado del 0,23% del PBI.

Ese impacto fiscal, según IDESA, sería sensiblemente menor al que implicaría el Fondo de Asistencia Laboral para despidos, calculado en torno al 0,5% del PBI. “Con un costo fiscal más acotado se podría aliviar sustancialmente los costos laborales de las micro y pequeñas empresas”, sostiene el documento.

El informe reconoce que el proyecto incluye reformas que “van en la dirección correcta”, pero subraya que su principal debilidad es no focalizarse en el segmento donde se concentra la informalidad. En ese marco, IDESA plantea que el Congreso tiene margen para corregir esa omisión.

“Permitir que las pymes queden excluidas de los convenios colectivos de actividad y establecer un mínimo no imponible sobre la masa salarial para las contribuciones patronales son dos herramientas que, combinadas, tienen la potencia suficiente para inducir una fuerte formalización laboral”, concluye el análisis.