UE-Mercosur: qué deberán hacer las empresas argentinas para seguir exportando

Por Raluca Cocuz*. En un escenario global atravesado por la competencia comercial y la urgencia climática, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur marca un punto de inflexión para las empresas argentinas. Más allá de los beneficios arancelarios, el pacto introduce una condición clave: la sostenibilidad deja de ser un valor agregado para convertirse en un requisito de acceso.

Lejos de flexibilizar su agenda ambiental, Europa busca proyectarla hacia sus socios comerciales. En ese marco, las compañías argentinas que aspiren a exportar al bloque deberán adaptarse a estándares cada vez más exigentes en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).

Un acuerdo que trasciende lo comercial

El entendimiento entre ambos bloques no se limita al intercambio de bienes. Se trata de un acuerdo de asociación con tres pilares —comercio, diálogo político y cooperación— que introduce implicancias geopolíticas, regulatorias y de política industrial.

En términos concretos, el pacto prevé la eliminación de más del 90% de los aranceles sobre exportaciones agroindustriales y minerales argentinas, como carne bovina, soja, bioetanol y metales. Esto abre la puerta a un mercado europeo más amplio y previsible. Sin embargo, ese acceso estará condicionado por un entramado cada vez más complejo de regulaciones vinculadas a la sostenibilidad.

El “muro verde” europeo

Actualmente, ingresar al mercado europeo implica atravesar un denso conjunto de requisitos que determinan qué productos y empresas pueden participar. No se trata de lineamientos teóricos: estas normas ya definen qué actores —desde productores agropecuarios hasta proyectos mineros— logran sostener vínculos comerciales con compradores europeos.

El acuerdo se alinea con el Acuerdo de París e incorpora compromisos concretos para combatir la deforestación, respetar normas laborales internacionales y establecer mecanismos de seguimiento. Además, cuenta con el respaldo financiero del programa Global Gateway, que destinará 1.800 millones de euros para impulsar la transición ecológica y digital.

Regulaciones clave que impactan en Argentina

El marco normativo europeo se apoya en tres instrumentos principales que operan de manera complementaria y que ya comienzan a impactar en las cadenas de valor globales:

• Reglamento de Deforestación (EUDR): prohíbe la comercialización de productos asociados a la deforestación y exige trazabilidad mediante geolocalización.
• Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD): obliga a grandes empresas a identificar y mitigar riesgos ambientales y de derechos humanos en toda su cadena de suministro.
• Directiva de Reportes de Sostenibilidad (CSRD): establece la divulgación obligatoria de impactos, riesgos y oportunidades en materia de sostenibilidad.

Estas regulaciones no se limitan a empresas europeas: también alcanzan a proveedores de terceros países, como Argentina, extendiendo las exigencias de transparencia y control a lo largo de toda la cadena productiva.

Qué cambia para los exportadores

En la práctica, las empresas argentinas deberán demostrar, por ejemplo, que sus productos no están vinculados a la deforestación posterior a 2020, asegurando trazabilidad desde el origen hasta el consumidor final. El incumplimiento puede implicar la pérdida de acceso al mercado europeo, mayores controles y riesgos comerciales.

En paralelo, los compradores europeos estarán obligados a auditar a sus proveedores, exigir cláusulas contractuales específicas y, en caso de incumplimientos, incluso cortar vínculos comerciales.

A esto se suma una creciente presión en materia de información: los importadores deberán reportar impactos ambientales y sociales de sus cadenas de suministro, lo que implica que las empresas argentinas deberán generar y validar datos sobre emisiones, uso de recursos naturales y condiciones laborales.

Para las pymes, el impacto será indirecto pero significativo. Aunque no estén alcanzadas directamente por las normativas, deberán adaptarse para seguir integradas en cadenas exportadoras. Esto implica mayores costos en trazabilidad, certificaciones y procesos de debida diligencia.

Entre el costo y la oportunidad

El nuevo escenario plantea un dilema estratégico para el país: considerar estas exigencias como una barrera o utilizarlas como una herramienta para modernizar la estructura productiva.

Algunos sectores advierten que, sin controles adecuados, el acuerdo podría incentivar prácticas contrarias a la sostenibilidad, como la deforestación o la vulneración de derechos laborales. Sin embargo, también emergen iniciativas locales —como sistemas de certificación de carne libre de deforestación— que muestran el potencial de Argentina para posicionarse como proveedor de alto estándar.

Una “tarifa” que redefine la competitividad

En definitiva, la agenda ESG europea funcionará como un filtro cada vez más determinante para las exportaciones argentinas. Las empresas que inviertan en trazabilidad, transparencia y gestión sostenible no solo podrán mantener su acceso al mercado europeo, sino también diferenciarse en un contexto global donde la sostenibilidad dejó de ser opcional.

En este nuevo paradigma, cumplir con estándares ambientales y sociales ya no es un costo adicional: es, cada vez más, el precio de entrada al comercio internacional.

*Por Raluca Cocuz, gerente de Sustentabilidad de Accenture